FCO SÁNCHEZ RAMÓN

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FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ RAMÓN DEL ÁGUILA "TOPOLINO"

DENUNCIANTE PERSONAL Y ORIGINAL EN 2007 DEL CASO DE CORRUPCIÓN DESTAPADO EN EL EJIDO-ALMERÍA

OPERACIÓN PONIENTE

Paco Sánchez Ramón -TOPOLINO-, es un  abogado inteligente y generoso entregado en defensa de la legalidad, de lo público y de los denunciantes de corrupción, que ha recibido a cambio mucha injusticia en su propia persona, a pesar de lo cual continúa al cabo de los años desarrollando esta implacable labor profesional y altruista en la lucha contra la corrupción. 

 

 

 

Componemos su historia mediante  análisis y comentarios en noticias, entrevistas, así como en declaraciones y todo tipo de manifestaciones realizadas en sus múltiples intervenciones y actuaciones en casos de lucha contra corrupción, como denunciante y abogado, y como miembro y actual presidente de la Asociciación AMAYT (Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia)

 

CONFIDENCIAL ANDALÚZ 22-12-2018

TOPOLINO AL DESNUDO

PEPE FERNÁNDEZ

 

 

 

A la primera pregunta ¿Qué denuncia o denuncias ha presentado y contra quién?, Paco Sanchez responde:

 

A título personal y particular,  en Febrero de 2007 de forma verbal, y por escrito en Noviembre de 2007, formulé denuncia en la sede de Fiscalía del T.S.J.A. sita en la Real Chancillería de Granada, antigua sede de la Inquisición, como letrado asesor  del Ayuntamiento de El Ejido por el saqueo municipal continuado durante años del Ayuntamiento a través de ELSUR S.A, empresa mixta de servicios municipales participada por ABENGOA S.A. y por otras empresas subcontratadas y dando lugar a la apertura de Diligencias Informativas en Fiscalía del T.S.J.A., siendo Fiscal Jefe Don Jesús García Calderón, interviniendo la policía judicial adscrita al T.S.J.A., con remisión en 2008 a la Fiscalía Anticorrupción de Almería para que formalizara la denuncia, siendo judicializado el asunto en Instrucción 2 de Almería a cargo de la magistrada Doña Monserrat Peña.

Como consecuencia de ello se intervino judicialmente el ayuntamiento de El Ejido el 20 de Octubre de 2009 con casi cien imputados, decretándose la prisión preventiva contra Alcalde Don Juan Enciso Ruiz, víctima propiciatoria del entramado corrupto creado por una banda de salteadores de lo público, desalmados foráneos sevillanos de blazier encabezados por los descendientes de Aben Humeya (ABENGOA) que se aprovecharon de su ignorancia y buena fe y del poder populista que ostentaba en su propio beneficio empresarial estimulándole sus ambiciones para acabar engañándolo y manipulándolo llevados de la mano del Interventor accidental durante veinte años Don José Alemán Bracho y otros empresarios también foráneos relacionados por “clanes” de subcontratas con ELSUR SA concesionaria de los servicios municipales, empresa  mixta participada desde su creación por el Grupo ABENGOA  a través AGUAS Y GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A. y AGUA Y GESTION DE SERVICIOS URBANOS S.A., empresa matriz a la que presté asesoramiento jurídico antes de la denuncia con la redacción de un informe jurídico al respecto sobre las subcontratas y cesión ilegal de trabajadores firmado por mi ex mujer letrada de ELSUR S.A. ; como así también asesoré como letrado al grupo de empresas subcontratistas de varios servicios municipales a través de ELSUR S.A., jardinería y otros pertenecientes al denominado sevillano “Clan Amate” denunciadas e imputadas con el objeto de conseguir la máxima información de la trama, llegando incluso a constituir una sociedad limitada denominada “La Bordaila” con objeto de compra venta de antigüedades   con el clan Amate cuyo eje principal era Don José Amate Rueda sevillano de adopción pero almeriense de nacimiento, cuyo lema era que El Ejido era como el Lejano Oeste “la tierra del oro” y que había que explotarlo porque manaba en una tierra virgen llena de tontos y paletos” y toda esta actuación por mi parte para conseguir el máximo de datos dada la complejidad de la trama que me costó meses descifrar, disolviendo la sociedad  y renunciando al asesoramiento de las subcontratas de Amate 2.500€ mes una vez conseguí la información y documentación necesaria.

 

CONFIDENCIAL ANDALUZ 2-11-2019

OPINIÓN

A propósito del anteproyecto de Ley contra la corrupción en Andalucía el presidente de AMAyT desgrana en este artículo personal sus experiencias y opiniones sobre el desamparo de los denunciantes de corrupción. 

 

Comienza Paco Sánchez por congratularse, como denunciante del caso «Operación Poniente», presidente de la asociación AMAyT (Mediterránea Anticorrupción por la Transparencia) y vicepresidente de AVCJ (de Víctimas de la Corrupción Judicial) de que el anteproyecto de Ley andaluza contra el fraude y la corrupción, aprobado por el Consejo de Gobierno Andaluz el 24-09-2019, fuera a proteger a los denunciantes denunciantes de corrupción, y esperando que esta normativa ya contemplaría a la entonces inminente aprobación de la Directiva Europea de Protección de Denunciantes, de manera que se corrigiera el desvalimiento y desprotección de los denunciantes de corrupción, tanto en denuncias administrativas como ante la Fiscalía y órganos judiciales, que no aplican la Ley del Estatuto de la Víctima a los denunciantes de delitos tipificados en el código penal aunque sus denuncias abarcan el amplio abanico de la corrupción e integran dichas conductas, y no la aplican a pesar de poderse conceptuar al denunciante de corrupción como víctima del delito respectivo denunciado, puesto que éste sufre un perjuicio físico moral y económico como consecuencia de la denuncia del delito, dado el concepto omnipresente de víctima que le da la ley 4/15 de 27 Abril del Estatuto de la Víctima  Preámbulos III y IV.

 

Paco Sánchez se manifestaba de la siguiente forma sobre «Las élites, auténticas organizaciones criminales», pues con motivo de su denuncia el denunciante acaba desamparado y víctima propiciatoria de la corrupción institucional por su actuar valiente» y contra el sistema pseudodemocrático español a nivel estatal, autonómico y local, que ha acabado convirtiéndose en una auténtica Cleptocracia que etimológicamente del griego significa ‘robo’ y ‘poder’, dominio de los ladrones que se concreta en el supuesto español en el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes y fagotizadas por el propio sistema pseudodemocrático en aras del mantenimiento del status quo sectario dirigido y monitorizado por las “ELITES” auténticas organizaciones criminales con el poder tecnológico a su servicio para crear revoluciones, revueltas, montar y desmontar sistemas, alterar el clima, manipular elecciones y con técnicas de control mental a través de los medios de comunicación serviles y dóciles manipulando los hilos de gobernantes, políticos jueces y periodistas integrantes de los cuatro poderes del estado con técnicas sutiles que escapan al pueblo y al electorado que manipulan bajo el engaño, la mentira el miedo.

 

Respecto al amplio concepto de víctima, explicaba «En cuanto al contenido y estructura de la Ley del Estatuto de la Víctima, este se inicia mediante un Título preliminar dedicado a las disposiciones generales«. Se parte de un concepto amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados que viene a establecer un concepto de víctima omnicomprensivo, por cuanto se extiende a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito.”

 

El presidente de AMAyT emitía su opinión profesional y experimentada respecto a las principales trabas que tienen las asociaciones para denunciar la corrupción, que son la imposición de fianzas desproporcionadas e injustificadas por los juzgados en lugar de la debida exención de las mismas que procede por derecho en un estado democrático,  pues las fianzas dificultan el derecho constitucional de las acusaciones populares a defender los intereses generales y públicos, y con las fianzas pueden ser apartados de las causas de forma discrecional aunque dándose visos de legitimidad, por parte de algunos jueces y fiscales a quien sean incómodas estas acusaciones populares en procesos judiciales donde la balanza se quiera torcer para favorecer a ciertos políticos, altos funcionarios y empresarios acusados de corrupción. A ello se une la dejación de funciones del ministerio fiscal, en muchos casos de investigaciones fiscales y diligencias previas por corrupción, dado su estructura jerarquizada y dependiente del poder político.

 

En este sentido, refiere Paco Sánchez la experiencia concreta de AMAYT en el caso de la denuncia del denominado caso «Trama Amat», de Roquetas de Mar, Almería, en que tras llevar 6 años personada esta asociación como acusación popular sin fianza por resolución en auto firme, se la expulsa del procedimiento exigiéndole 20.000 € de fianza, ello además de que la misma juez a la acusación popular del PSOE solo le impone 6.000 € de fianza. Un proceso en el cual las irregularidades de tramitación eran innumerables y, según relataba Sánchez, además se mantenía como acusación el PSOE cuyo letrado acaba de renunciar.