LUIS ESCRIBANO DEL VANDO

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En base a diversas noticias construimos la historia de Luis Escribano como denunciante de corrupción.

 

 

 

SU PRIMERA EXPERIENCIA COMO DENUNCIANTE FUE TRÁGICA Y TRAUMÁTICA, MARCÁNDOLO PARA SIEMPRE

 

Luis Escribano es Licenciado en Ciencias Químicas y como funcionario de carrera de la Junta de Andalucía desde 1991 ha ocupado varios puestos de responsabilidad desde donde ha denunciado activamente distintos casos de corrupción, tanto individualmente,  como colaborando en asociaciones: “La Resistencia Ciudadana”, “El Tercer Lado”, o “Alianza Contra la Corrupción”; como a través de la fundación junto a Eduardo Maestre del diario digital “El Demócrata Liberal”.

 

En la entrevista a Luis Escribano de 28/08/2017 de Sergio Rodriguez publicada el «EL CLUB DE LOS VIERNES», este informa de su primera experiencia como denunciante de corrupción a título personal siendo funcionario de la Junta de Andalucía, y que le marcó para siempre, que sucedió en 1994 al poco tras ingresar en la Junta, y es cuando tuvo su primer choque frontal con los políticos que tratan de que los funcionarios actúen en contra de la legalidad, de manera que oponerse a ello marcó su lucha contra la corrupción, marcada por el fallecimiento de su jefe y amigo Rafael, a consecuencia del exceso de presión soportada.

El hecho es que desde instancias superiores se les requirió emitir en un día un informe de impacto ambiental de una mina en la localidad de Aznalcóllar para la subvención de un proyecto millonario -lo que conllevaba su tramitación por  la vía rápida y farrulera sin atenerse al procedimiento-, lo cual era imposible por tratarse de un proyecto minero de gran complejidad y envergadura. 

 

-de hecho, a los tres años se rompió la balsa de residuos de la mina que dio lugar al famoso vertido de lodos tóxicos al río Guadiamar y contaminó prácticamente casi todo el entorno de Doñana-.

Las presiones recibidas fueron muy elevadas llegándose a desmantelar el departamento entero donde trabajaban, con lo cual el jefe de sección, Rafael, que era el jefe superior de Luis Escribano, habló el asunto con altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que en lugar de disponer se procediera de la forma regular establecida por los cauces administrativos, trataron de tapar las irregularidades, provocando altas y excesivas presiones a Rafael, que no pudo soportar  la situación falleciendo por esta causa, asimismo marcando para siempre a Luis Escribano.

 

 

Desde 2016 Luis Escribano forma parte de los represaliados por el poder socialista andaluz, por el hecho de anteponer la legalidad a la irregularidades. 

 

CESE FULMINANTE

 

Hasta noviembre de 2016 este funcionario era el jefe del servicio de cooperación económica de la dirección general de administración local, puesto del que fue cesado fulminantemente por tener una actitud crítica con el Gobierno del PSOE con Ciudadanos y Podemos, de ese momento en Andalucía. 

El funcionario explicaba a ABC, cómo fue destituido de forma fulminante y sin argumento alguno, y que éste era uno de los sistemas utilizados por la Junta con los críticos a su gestión y/o que cumplen la legalidad en lugar de prestarse a las irregularidades y a la corrupción, de manera que, tal y cómo prácticamente sucede a todos los denunciantes y alertadores de corrupción, Luis Escribano por ser honesto sufrió una clara represalia que tenía como objetivo apartarle de las responsabilidades de su puesto de Jefe de Servicio y así poder nombrar (libre designación = dedo) a otro funcionario que siguiera los designios del poder político prestándose a las irregularidades o a mirar para otro lado.

De hecho, no cabe duda que el cese repentino e injustificado  de su puesto fue una clara represalia a este funcionario que, paradógicamente, acababa de ser felicitado por su buena gestión, pero al cual un nuevo director general cesó, aludiendo que no le gustaba el trato de Luis Escribano a  ciertos ayuntamientos, cuando en realidad, lo que no le gustaba al nuevo Director, es que Luis Escribano no cediera a las presiones de algunos alcaldes respecto a incumplimientos en el derecho o justificación de subvenciones que tramitaba de los mismos. 

Quedaba claro, una vez más, cómo ciertos políticos pueden permitirse actuar con abuso de poder y disponer de los funcionarios a su antojo sin respetar la normativa de acceso y la carrera de los funcionarios, y lo peor que sea para encubrir ilegalidades y que ello no tenga consecuencia alguna, ese comportamiento sancionable y presuntamente delictivo, pues la mayoría de las veces los sindicatos tampoco ejercen su función de denuncia, o en las escasas veces que la ejercen, la administración judicial termina tratando estos abusos como simples irregularidades. 

La realidad es que todas éstas decisiones políticas de nombramientos y ceses de funcionarios realizadas sin motivo justificado alguno sino a capricho, aún cuando no fueran actos para encubrir ilegalidades, suponen la comisión de un presunto delito de prevaricación y abuso de poder, que se ha tomado por costumbre llevar a cabo por los políticos en la administración publica sin que sea denunciado como corresponde, a pesar de que el enchufismo constituye el mayor cáncer de la administración pública y el más claro hilo conductor hacia la posibilidad de la comisión por los funcionarios de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude, es decir hacia la corrupción.

En todos los casos de denuncias de corrupción de funcionarios, estos suelen recibir  represalias para apartarlos de sus puestos, ya sea como en el caso descrito, mediante ceses injustificados, o ya sea cuando los funcionarios ocupan puestos en propiedad y en que la administración no tiene tan fácil el relegarlos a discrección, en que la forma principalmente utilizada es urdirles expedientes disciplinarios, normalmente unidos a situaciones de acoso laboral y de aislamiento, con graves repercusiones para la salud del denunciante además de para su vida profesional, personal y familiar.

 

Editor de el El Demócrata Liberal.

A los motivos de querer relevar a Luis escribano de su puesto para facilitar a los alcaldes las subvenciones incumpliendo las bases, se sumaba el que este funcionario ya venía siendo mal mirado por ser el editor, desde hacía dos años, del periódico digital de carácter liberal «El demócrata Liberal», que era bastante crítico en ese momento con la gestión del gobierno del PSOE y Ciudadanos, que consolidaban el llamaba «régimen andaluz», y puesto que en el Demócrata Liberal colaboraban destacados funcionarios, economistas, periodistas y conocidos liberales anteriores miembros de UCD, como Luis Marín Sicilia. 

 

Con el cambio de gobierno en la Junta en que pasó de gobernar el PSOE-CIUDADANOS-PODEMOS a gobernar PP-CIUDADANOS, no cambio la suerte de Luis Escribano en este sentido

 

La prensa del momento como diariodesevilla.es,se hacía eco una vez más de que, esta vez la Consejería de Empleo, había prescindido sin motivo justificado de Luis Escribano y de Antonio Barreda, que eran dos de los asesores del grupo antifraude, que desde «Ciudadanos» denominaban «comando antifraude, prescindidos sin motivo justificado pues el cese se produjo a pesar de que su nombramiento para el equipo antifraude de esa Consejería de Empleo incluso había contado con los aplausos del líder nacional de Ciudadanos.

Pues el hecho real para prescindir de estos funcionarios del equipo antifraude, fue que ambos  pertenecían a la asociación «Justicia por la Sanidad» creada por el médico granadino Jesús Candel, Spiriman, que era muy crítica con la gestión hospitalaria de la Junta en Granada y todo Andalucía.

Ambos habían difundido un vídeo de crítica a Ciudadanos y a la dirección de la Consejería de Empleo, de la cual era consejera Rocío Blanco y viceconsejera Isabel Balbín, las cuales habían sido parte de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga de donde se había alertado lo que derivó en la Operación Edu de la Udef (Policía Nacional) -de presunto fraude generalizado en los cursos de formación a desempleados que subvencionaba la Junta-, creado a partir de que Balbín en su trabajo se extrañara de que múltiples empresas adjudicatarias de cursos solo cobraban el 75% inicial de la subvención pues este porcentaje se paga antes de justificar la realización de los cursos, de manera que al prescindir del 25% restante las empresas no pasaban el requisito de presentar los gastos justificativos de la realización de los cursos, es decir que esas empresas se constituían para cobrar el 75% de las ayudas de los cursos y después desaparecían sin cobrar el 25% otorgado.

Con ello la UDEF lanzó la operación EDU. El entonces Ministerio del Interior sostuvo que el fraude era incluso mayor que el de los ERE, en torno a los 2.000 y 3.000 millones de euros. Hubo cientos de detenciones que terminaron la mayoría en puesta en libertad sin cargos, hasta que el caso se llevó en varios juzgados -entre estos el nº 6 de Sevilla de la juez Mercedes Alaya-, terminando apagándose por la dispersión realizada con instrucciones a varias empresas.

El caso motivó la paralización de la concesión de cursos para proceder a la revisión de los expedientes por la Consejería de Empleo, suponiendo una gran merma de las políticas de empleo de la Junta e implicando la devolución del montante de los programas, pero con la llegada de Ciudadanos al Gobierno de la Junta y los nombramientos de Rocío Blanco e Isabel Balbín en la cúpula de Empleo para continuar las investigaciones, es cuando también se produjeron los nombramientos de los dos asesores, así mismo colaboradores de Spiriman, que fueron relevados posteriormente sin motivo objetivo justificado, pues la propia Consejera había admitido recientemente que el trabajo de revisión de los expedientes del caso EDU era tan ingente que no tendría vida para verlo realizado, es decir, que era totalmente contradictorio el desechar la colaboración de estos funcionarios de larga experiencia profesional y como denunciantes, en concreto Luis Escribano desde 1994.

Al parecer los motivos de prescindir de ambos funcionarios partieron de formar parte de la asociación «Justicia por la Sanidad» creada por Jesús Candel, que se enfrentaba a varias denuncias por difamación y calumnias interpuestas por ex dirigentes de la Consejería de Salud y ex compañeros, y había alardeado de que sus dos colaboradores fueran nombrados miembros del «comando antifraude».

Página en construcción. Disculpen las molestias.

TOMA ZASCA DE LA AUDIENCIA

Spíriman informa en su canal de YOUTUBE, del auto de la Audiencia Provincial de Granada respecto a la querella interpuesta por la asociación Justicia por la Sanidad contra el SAS, por prevaricación y fraude en las contrataciones en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, que implicaron la disposición presuntamente delictiva de ingentes cantidades de recursos públicos sanitarios.