COMISIÓN EUROPEA

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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

COMISIÓN EUROPEA

FICHA TEMÁTICA DEL SEMESTRE EUROPEO

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Iniciamos esta página con el informe del semestre europeo de la Comisión Europea, relativo a la lucha contra la corrupción, que proporciona información transnacional sobre este problema, políticas útiles para afrontarlo así como ejemplos de buenas prácticas.  

 

1. INTRODUCCIÓN

La corrupción es una rémora para el crecimiento económico:

  • Al desviar recursos socava la eficiencia del gasto público.
  • Cuando los recursos públicos son limitados, también perjudica la sostenibilidad de los presupuestos públicos y reduce los fondos públicos para la inversión.
  • En situaciones de déficit, el coste que la corrupción supone para la deuda tiene un impacto a largo plazo sobre el erario público.

Se estima que la corrupción cuesta por sí sola a la economía de la UE 120 000 millones € al año, cifra solo ligeramente inferior a la del presupuesto anual de la Unión Europea.

El coste económico total de la corrupción no puede calcularse fácilmente. La cifra proporcionada por la Comisión se basa en cálculos de instituciones y organismos especializados, como la Cámara de Comercio Internacional, Transparencia Internacional, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y la publicación «Clean Business is Good Business», 2009.

La corrupción representa el 5 % del PIB mundial.  

La lucha contra la corrupción es fundamental para que las reformas estructurales sean sostenibles, pues la corrupción y un índice bajo de crecimiento integrador se refuerzan mutuamente.

Los ciudadanos y las empresas esperan de la UE y de los Estados miembros que protejan la economía frente a la delincuencia organizada, el fraude financiero y fiscal, el blanqueo de capitales y la corrupción.

En el entorno empresarial, la corrupción genera incertidumbre, ralentiza los procesos y puede imponer costes adicionales. La corrupción va en detrimento del atractivo empresarial de una región y, por tanto, reduce la inversión privada y la competitividad e impide a la economía de la zona desarrollar todo su potencial. La corrupción también actúa como un desincentivo para el pago de los impuestos por parte del contribuyente. Todo esto unido repercute en la financiación del sector público, reduce los ingresos fiscales y limita aún más la capacidad de inversión de este sector.

La reducción de los recursos por las prácticas corruptas puede minorar la protección social y los servicios públicos, al reducir el presupuesto disponible y obstaculizar su acceso equitativo  (Gupta et al. (2002), Olken (2006)).

A largo plazo la corrupción alimenta y agrava las desigualdades sociales, socavando la confianza en el Estado, instituciones y Gobiernos, incluso hasta poder amenazar la democracia.

El verdadero coste social de la corrupción no puede cifrarse únicamente en la cuantía de sobornos y desviación de fondos públicos, sino que incluye también la pérdida de producción por mala asignación de recursos, el falseamiento de incentivos y otras ineficiencias originadas por la corrupción, de efectos adversos en la distribución de la renta y desinterés en la protección del medio ambiente.

Socialmente, la corrupción socava la confianza en las instituciones, mermando su capacidad de prestación de servicios públicos y de favorecer un entorno propicio al desarrollo del sector privado.

Mientras que la corrupción puede llegar a deslegitimar al Estado y a llevarlo a inestabilidad política y económica, y la incertidumbre que genera mina el compromiso del sector privado con estrategia de desarrollo a largo plazo dificultando su desarrollo sostenible (Fuente: OCDE (2013) «Issue Paper: Corruption and Economic Growth» en Documento temático sobre corrupción y crecimiento económico).

Sin embargo, la transparencia e integridad del sector público dificultan la corrupción,  generando mayor competitividad y mejor eficiencia de recaudación fiscal y gasto público,  consolidando el Estado de Derecho, y mejorando la competencia del mercado de bienes y servicios al reducir las trabas al comercio y la inversión.

La corrupción se define comúnmente como el «abuso de poder para obtener ganancias privadas», pero también afecta al sector privado (Véase la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado).

La corrupción se suele entender como el uso indebido de la posición dentro de la Administración pública o de los vínculos con esta, para lograr ventaja ilegítima para sí mismo o terceros

La corrupción de alto nivel:

Implica intercambios entre: altas instancias de administraciones nacionales y locales, altos funcionarios de partidos políticos elegidos democráticamente e intereses del sector privado.

La pequeña corrupción:

Se produce en la interacción entre los escalones más bajos de la Administración pública y los particulares

Es indispensable una verdadera voluntad política para conducir a una reforma nacional  eficaz a largo plazo, que implica concienciación de la problemática de la corrupción  política, priorización de recursos para la ejecución de las políticas de lucha contra la corrupción, establecimiento de objetivos claros y tangibles y creación de un clima general de responsabilidad política.

Las medidas para reducir la corrupción, los conflictos de intereses y el favoritismo, deben ir acompañadas de cambios estructurales y culturales profundos en los organismos públicos y en la sociedad en su conjunto, y no limitarse a que se adopte legislación y se garantice su cumplimiento formal.

La lucha contra la corrupción requiere nueva legislación

pero el auténtico reto es que se aplique

El posible impacto de la corrupción en las políticas y fondos de la UE y nacionales se refleja en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que considera a la corrupción uno de los ámbitos delictivos que pueden requerir actuar con criterios comunes  (Artículo 83 del TFUE.)

La Comisión, en este informe semestral, destacó varios informes y recomendaciones sobre la lucha contra la corrupción, de ayuda al trabajo de reforma de los Estados miembros: