PROTECCIÓN DENUNCIANTES

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EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CADA DENUNCIA ES UN CERCO A LA FIERA

 

La fiera corrupta mueve su sangre hasta sus mil brazos ejecutores. Una sangre infectada del virus del enchufismo que se propaga sin piedad y transmite los siete males a la humanidad. Y así la prevaricación, la malversación, el tráfico de influencias, el cohecho, el fraude, el acoso y el abuso de autoridad, encuentran un campo abonado donde multiplicarse. 

La sangre corrupta de la fiera va infectando ahí por donde discurre volviendo a muchas personas ladronas, desaprensivas, traidoras y torturadoras. Y los que denunciamos la corrupción sufrimos las represalias de la fiera, en despidos, expedientes disciplinarios, acoso, difamación, denuncias, querellas, persecución, y demás maldades posibles con el objetivo de  destruirnos, de lo que nos tenemos que defender por nosotros mismos mientras la fiera con su botín provee a sus tentáculos. 

Sin embargo los denunciantes de corrupción contamos con las pruebas y con la verdad moral irrebatible para mantenernos frente a tantos y tantos corruptos y tantos y tantos bufetes desaprensivos, que proliferan para enriquecerse de la corrupción, frente a los cuales nuestra verdad sincera acompañada de mucho trabajo y fuerza moral nos hace resistir. Es lo que nos ha tocado a los denunciantes, el defender por encima de todo la verdad hasta sus finales consecuencias.

 

 

DENUNCIANTE CASTIGADO CORRUPCIÓN PROTEGIDA

 

Tal y como indica el editorial «Denunciante castigado – corrupción protegida» del boletín de AUSAJ -Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia- de 05-07-2018; es fundamental atajar de una vez las represalias contra los denunciantes de corrupción, además de por el atentado que suponen a su integridad y libertades fundamentales, también por la repercusión negativa que tienen las represalias en la lucha contra la corrupción, pues aseguran el temor de la población a denunciar y son la pantalla de los corruptos para continuar con sus delitos, a partir de que la gente no hace nada, mira para otro lado.

 

El título del editorial da en la clave y su texto incluye frases verdaderamente afortunadas que como denunciantes agradecemos por no sentirnos tan solos y el reconocimiento que incluyen:

 

«No hay mayor corrupción que el desamparo que el denunciante siente ante las instituciones corruptas»

 

 «Para que el tramposo pague, quien denuncia al tramposo, debe ser protegido, de lo contrario, la trampa será la única forma de subsistir en un estado hipócrita y mezquino«.

 

 

PRIMERAS INICIATIVAS EUROPEAS DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES

 

La primera iniciativa de protección de denunciantes de corrupción fue la de Irlanda y el Reino Unido de 1998 (Public Information Disclosure Act – Ley de divulgación de la información pública; Para mayor información véase la «Toolbox on the quality of public administration» (Caja de herramientas sobre la calidad de la administración pública), p. 139, http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=13941&langId=en.)

El objetivo de esta Ley era preservar el interés público protegiendo a las personas que revelen información de irregularidades en el lugar de trabajo que no se limitan a la corrupción, para ello esta Ley ofrecía un buen modelo a seguir también en otro sentido, por su enfoque por pasos que animaba a remitir quejas/denuncias internas o quejas/denuncias a los reguladores en primer lugar si era posible, y una divulgación más amplia cuando estaba justificado; pues la divulgación externa exigía un mayor nivel de justificación.


Posteriormente la Protected Disclosures Act – Ley de divulgación protegida de Irlanda de 2014, se basó en el sistema británico y además exigía a los organismos del sector público la puesta en de políticas de protección de las denuncias ateniéndose a los requisitos estipulados por la Ley. Se aplica a los empleados, contratistas, becarios, personal interino, antiguos empleados y solicitantes de empleo de los sectores público y privado. A diferencia de las leyes de otros países que exigen que los denunciantes demuestren que actúan de «buena fe» o en el «interés público», en Irlanda es irrelevante la motivación para que se efectúe la divulgación. Las disposiciones animan a todas las categorías de personas enumeradas anteriormente a denunciar irregularidades y hacen que sea más fácil defender a quienes informan. Las personas que sean despedidas por haber realizado una divulgación protegida se pueden beneficiar de medidas cautelares.

La legislación irlandesa también prevé la figura del «receptor de la información» independiente (un juez en ejercicio o retirado) que recibe la divulgación del contenido altamente delicado.

 

 

PROTECCIÓN EFICAZ DE LOS DENUNCIANTES

 

La Comisión Europea informaba en 2016 (apartado 3.5 del informe semestral de la CE específico de lucha contra la corrupción que reproducimos seguidamente), que la protección de los denunciantes contribuye a prevenir y detectar la corrupción e irregularidades en los sectores público y privado.

En algunos Estados miembros de la UE, las prácticas culturales dominantes impiden que el personal alce la voz para denunciar irregularidades.

 La protección de los denunciantes no solo requiere que se consagre el concepto en las disposiciones legales, sino que se produzca un cambio en la cultura a largo plazo.  A corto plazo, los países pueden adoptar y aplicar legislación para dejar claro que no se toleran las represalias contra los denunciantes.

 El Consejo de Europa publicó una recomendación pormenorizada en 2014 sobre la protección de los denunciantes  en la que se establecen 29 principios para la protección de los denunciantes como, por ejemplo, que la carga de la prueba recaiga en el empleador en caso de que se le acuse de haber tomado represalias.

 Los denunciantes necesitan asistencia psicológica y jurídica. La elección entre financiación pública o privada para los servicios de asesoramiento y apoyo suscita interrogantes de difícil respuesta acerca del impacto sobre su independencia. 

Los ejemplos del Reino Unido y de los Países Bajos muestran que existen distintas formas de garantizar la asistencia. En el Reino Unido desempeña un importante papel una organización benéfica autofinanciada denominada Public Concern at Work (Preocupación pública en el trabajo). 

Los Países Bajos recientemente crearon la Cámara de los Denunciantes (Huis voor Klokkenluiders), que forma parte de la institución del Defensor del Pueblo, para tratar las quejas/denuncias procedentes de los sectores público y privado, facilitar asesoramiento e iniciar la investigación de las irregularidades denunciadas. 

Al igual que en otros ámbitos, la aplicación es fundamental. Algunos países cuentan en términos generales con una legislación adecuada de protección de los denunciantes, aunque en la práctica no se aplica de forma satisfactoria (Transparencia Internacional, Whistleblowing in Europe: Legal protections for whistleblowers in the EU (Denunciar irregularidades en Europa: protecciones legales de los denunciantes en la UE), https://www.coe.int/en/web/cdcj/activities/protecting-whistleblowers)

 Una de las conclusiones de un seminario organizado en 2015 por la Comisión para el intercambio de experiencias es que una ley tiene más probabilidades de resultar eficaz si su adopción es el resultado de un amplio debate público y de un esfuerzo de sensibilización en los que la sociedad civil tenga un papel clave (Programa de intercambio de experiencias de lucha contra la corrupción)